jueves, noviembre 8

El Precio del Agua (y unas narices)

Estoy leyendo el número 12 de la Revista Ciudad Sostenible.
En mi trabajo, una buena iniciativa que tienen es que estamos suscritos a diferentes revistas referentes especializadas en los temas en los que trabajamos; calidad, medio ambiente, ingeniería, etc; lo que nos permite (si sacas tiempo para leérte todo lo que te llega) estar atentos de eventos, tendencias, iniciativas, hacer benchmarking (palabreja muy utilizada en el mundo para el vulgar "ver que hacen otras empresas para copiarnos").

Total que este mes el hilo central de la revista reza: "Agua y Ciudad: una relación muy mejorable".
Uno de los artículos está escrito en base a una mesa redonda que hacen con ¿expertos?, de lo que dicen. Se llama "agua y ciudad, queda mucho por hacer".

El Panel de Expertos está compuesto por:
Pez Gordo (agua... pez gordo... ¿lo pillas? jeje) o PG Aqualia
PG Acciona Agua
Fundación Nueva Cultura del Agua
Asociación Española de Operadores Públicos y Abastecimiento (AEOPAS),
Plataforma Tecnológica del Agua (PTEA)
Asociación Española de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento (AEAAS)
La responsable de medio ambiente de la OCU
Responsable de MA del Observatorio de Sostenibilidad en España (sito en la Universidad de Alcalá por cierto).
PG de IE Business School y Club de Innovación Urbana.

Preguntas que me surgen:
- ¿Y todas estas asociaciones? AEAAS AESSES AEOPAS OEA oe oe oe.... a) ¿Cómo se financian? b) ¿Por qué suenan tan parecidas? c) Se supone que representan al sector o parte "pública" de la mesa de debate pero, ¿si son asociaciones profesionales sus representantes no serán miembros a su vez de otras empresas del sector?
- ¿Y una escuela de negocios como IE Business School?

El artículo, entre muchas cosas más, viene a "criticar" la gestión del agua en España. Es paradójico porque todos ellos de una forma u otra son gestores del agua en España.
Dicen que el problema es que al final, la competencia del agua está transferida a las Comunidades Autónimas y, a última instancia, a los propios municipios: siendo los ayuntamientos amos y señores de la gestión y por tanto, del coste por m3 de agua.

Esto provoca, lo que ya sabemos, que cada ciudad y pueblo tenga precios distintos de agua, sin tener necesariamente que ver con el coste real de ese agua, a saber: obtención, potabilización, distribución, saneamiento y depuración y mantenimiento de todo este sarao.... (y ya ni hablamos de si quisiéramos imputarle otras externalidades en forma de coste como podrían ser impactos ambientales derivados de obra, etc).

También dice, y en esto es verdad, que la gente desconoce realmente "lo que vale el agua", ni en que subcostes se desglosa el precio unitario del agua, que bien es cierto que a) no se informa; pero b) no existe cultura de querer saberlo.

Esto es porque el agua ha venido siendo tratada como un derecho; no como un producto de consumo. Y ojo, que pienso que efectivamente es un derecho, pero también un producto de consumo. Y que al final sea las dos cosas no es sostenible.

Con lo del asunto de la diversidad de precios y formas de gestionar el agua según los ayuntamientos propone la creación de un agente "supra-autonómico" que gestione el agua en España. Algo así como el Organismo de Parques Naturales, se me ocurre, por ejemplo.

Luego, les preguntan sobre su opinión con respecto a qué es más eficiente: un modelo de gestión pública del agua en el municipio o uno privado. Como es obvio, ACCIONA, Aqualia y cía defienden el privado, y OSE y FNCA la gestión pública, con los siguientes argumentos:

- Según las NNUU el acceso al agua y a los servicios de mantenimiento son un bien universal.
- El sector del agua debe contar con la participación ciudadana efectiva en los órganos de decisión (cosa que no pasa si la gestión del agua del municipio es indirecta).

Otro tema recurrente es que no se paga el precio real del agua. O lo que es lo mismo, que siempre estamos pagando menos de lo que cuesta y hay que encarecerla.
¿Siempre? No lo sé. Lo dudo. Pero claro, estas cosas varían según qué conceptos metas y cuales dejes deliberadamente fuera en tu cómputo de costes.

Por ejemplo, la polémica de que el agua de las desaladoras es muy cara en Murcia. No, señores, es que el agua del transvase Tajo segura es muy barata, porque en el precio del agua no se está computando lo que costó hacer la infraestructura del trasvase, ni lo que cuesta mantenerla, ni lo que les cuesta de pérdidas cada verano a los pueblos ribereños de Guadalajara cuando se quedan secos y allí no va ni el tato....

Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero tampoco se puede afirmar, como hace la de la OCU, que "hasta hace no muchos años a algunas poblaciones no se les cobraba el agua. Se ha malcriado porque se le ha subvencionado y ahora le cuesta mucho entender el valor del agua y qué es lo que está pagando. Además, el sistema tarifario es tan anárquico que le es imposible saber qué es lo que le están cobrando por el agua." "los ciudadanos nos debemos hacer responsables de lo que gastarnos".

¿Que se nos ha malcriado? ¿Que nos hemos malacostumbado? ¿que debemos hacernos responsables de lo que gastamos?

En el fondo estoy en parte de acuerdo pero creo que la forma de expresarlo es desacertada porque, generaliza, y suena demasiado al manido discurso de "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". Es más, en el artículo comparan que mientras de media, en España, pagamos 1,39 €/m3; en Copenhague, pagan 4,54 €/m3; esto me recuerda al famoso anuncio del metro de madrid cuando subió las tarifas y presumía de ser el más barato de Europa, comparándolo con los precios de otras capitales europeas donde el nivel de vida (y el sueldo mínimo interprofesional) era mucho mayor que en España.

Mi opinión es que el agua es un derecho pero es un bien (que no un producto) finito. Y que tiene que ser un derecho para todos. Y que la tarifa debería ser escalonada: tirada de precio para los pequeños consumidores, para un rango de m3 que abarque lo que pueda consumir una familia de clase baja a media. Y que a partir de cierto volumen de m3 por encima de una media estudiada y consensuada con criterios ambientales (que no medioambientales), se grave el consumo con precios ya no equivalentes al coste real (computando costes ambientales y de infraestructuras) si no incluso lo suficientemente superiores como para que cubran la diferencia de precio (y costes) que se les está "regalando" a los pequeños consumidores.

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